La Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional, que ya tramitó tres proyectos de ley con carácter económico urgente, será también la encargada de analizar y elaborar los informes sobre el cuarto proyecto, enfocado en el control de flujos irregulares de capitales.
El Consejo de Administración Legislativa (CAL), reunido este viernes 1 de agosto, calificó el proyecto que busca establecer mayores controles sobre el financiamiento y funcionamiento de las fundaciones y organizaciones internacionales.
Las fundaciones y organizaciones de la sociedad civil pasarán a ser supervisadas por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, según la propuesta que ingresó a la Asamblea el pasado 29 de julio y que tiene 30 días para tramitarla.
Se plantea que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria ejercerá la vigilancia, auditoría, intervención, control y supervisión de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, corporaciones, organizaciones no gubernamentales, organizaciones comunitarias o entidades sin fin de lucro, sean nacionales o extranjeras, que operan en el territorio nacional, para lo cual se regirá por las disposiciones de la Ley de Compañías, Ley de Mercado de Valores, Ley General de Seguros y esta ley.
En la propuesta se incluyen infracciones que podrían cometer las fundaciones, como el uso indebido o desvío de los recursos económicos respecto a sus fines declarados o a disposiciones legales; el incumplimiento reiterado de las normas contables, de transparencia o de prevención de lavado de activos y obstaculizar la labor de control de la Superintendencia.
El proyecto de ley también reforma el impuesto a la renta en la distribución de dividendos o utilidades, e incorpora un nuevo impuesto sobre las utilidades que no son distribuidas a los accionistas de las empresas. El texto no toca a las utilidades del 15 % que se reparten a los trabajadores.
Lo que se plantea es fijar un impuesto a la renta único del 12 % sobre el importe del monto de utilidades que se distribuya a los accionistas. Estarán sujetos a esto las sociedades residentes o establecimientos permanentes en Ecuador.
Se aplicará una tarifa del 10 % si los dividendos se entregan a no residentes en el país. Sin embargo, la tarifa será del 14 % si en cualquier nivel de la cadena de propiedad hay un residente en un paraíso fiscal o jurisdicción de menor imposición; y si se detecta que el beneficiario final del dividendo es un residente en Ecuador.
Una vez calificado el proyecto de ley, la Comisión de Desarrollo Económico, presidida por la asambleísta Valentina Centeno, se reunirá para aprobar el cronograma de trabajo y establecer el orden en que serán recibidos tanto del sector del Gobierno como de las organizaciones sin fines de lucro, academia, gremios y ciudadanos.
