La Corte Constitucional suspendió provisionalmente la aplicación de 12 de los 58 artículos de la Ley de Inteligencia, aprobada por la asamblea el pasado 10 de junio.
Tres jueces aceptaron las medidas cautelares presentadas por la organización de derechos humanos Inredh, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) y la Unión Nacional de Educadores (UNE).
Los artículos suspendidos son considerados por los demandantes como atentatorios a los derechos y garantías de las personas.
Están relacionados con la obligatoriedad de las instituciones públicas para entregar cualquier información, de manera oportuna y completa, al Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
El requerimiento de información a las operadoras de servicios de telecomunicaciones de conexiones de abonados telefónicos, histórica o en tiempo real, para operaciones de inteligencia y contrainteligencia no está vigente.
Queda suspendida la retención, apertura, interceptación o examinación de documentos o comunicaciones. Lo mismo ocurre con la competencia del CIES para la clasificación de la información como reservada, secreta y secretísima.
También fueron suspendidos los artículos sobre:
- La designación de un fondo permanente de gastos especiales para operaciones de inteligencia y contrainteligencia de los siete susbsistemas de inteligencia
- La regulación de los agentes de seguridad
- La obtención de doble identidad
- La aplicación de técnicas de infiltración sin autorización judicial.
Los jueces también suspendieron la aplicación de ocho artículos del reglamento de ley y una disposición general relacionados con la demanda presentada por las organizaciones sociales.
La medida regirá hasta que el pleno de la Corte decida si es inconstitucional o no.
