Quito.– Tras un mes y medio de investigación, el fiscal general encargado Carlos Alarcón solicitó el archivo de la denuncia presentada por Yaku Pérez en contra del presidente Daniel Noboa, su esposa Lavinia Valbonesi y dos directivos de la minera Dundee Precious Metals (DPM), por presunto tráfico de influencias en la concesión de la licencia ambiental del proyecto Loma Larga, en la provincia de Azuay.
El expediente, identificado con el número 17721-2025-00221G, fue remitido a la Corte Nacional de Justicia el pasado 13 de octubre de 2025 con la solicitud formal de archivo. La decisión fue tomada apenas 45 días después de que la denuncia fuera presentada por Pérez, el 26 de agosto de 2025.
La investigación buscaba determinar si existió un vínculo entre las donaciones realizadas por la minera canadiense al proyecto social ANA, liderado por Valbonesi, y la obtención de la licencia ambiental para la explotación del yacimiento.
Sin embargo, el fiscal Alarcón concluyó que no existían elementos de convicción suficientes para continuar con el proceso y pidió a la jueza Daniella Camacho disponer su archivo definitivo.
Yaku Pérez denuncia “archivo exprés” y falta de notificación
El excandidato presidencial Yaku Pérez reaccionó con indignación al conocer la decisión.
“¡¿En serio están pidiendo el archivo?! Esto es una burla a la justicia. Han hecho una investigación que supera la velocidad del sonido y de la luz. ¡Un récord histórico!”, expresó Pérez en declaraciones al diario EXPRESO.
El líder indígena afirmó que ni la Fiscalía ni la jueza Camacho lo notificaron sobre el pedido de archivo, pese a ser el denunciante. “Hace pocos días me informaron que, como el caso está en reserva, ya no me notificarían. Les pedí el sustento legal, pero parece que quisieron hacer las cosas calladitos”, reprochó.
Pérez recordó que había solicitado varias diligencias, entre ellas requerimientos a la UAFE, SRI, Ministerio del Ambiente y la Contraloría, además de pericias sobre videos eliminados en los que Valbonesi agradecía el apoyo de la minera.
Un fiscal con causas sensibles para el Gobierno
La decisión de Alarcón ha despertado nuevamente críticas sobre su independencia. El 3 de octubre, el Consejo de la Judicatura —con mayoría cercana al Ejecutivo— lo designó como fiscal general encargado en reemplazo de Wilson Toainga.
Actualmente, Alarcón lidera investigaciones de alto perfil como el Caso Nene, que involucra al hijo de la exvicepresidenta Verónica Abad; el Caso Triple A, que investiga al alcalde de Guayaquil Aquiles Álvarez; y el proceso de los Seguros de Petroecuador, donde aparece mencionado Federico Goldbaum, cuñado del presidente Noboa.
Su actuación ha generado cuestionamientos dentro y fuera del sistema judicial, especialmente tras el fallo que desestimó una denuncia en su contra presentada por Goldbaum, emitido por un tribunal en el que participaba Fabián Fabara, quien posteriormente fue nombrado vocal del Consejo de la Judicatura y apoyó su designación como fiscal general encargado.
