Desde las 15:00 de este martes 12 de agosto de 2025, se instaló la sesión número 026 en el Pleno de la Asamblea Nacional. Uno de los temas que se trata es el juicio político en contra de Solanda Goyes Quelal, vocal principal del Consejo de la Judicatura (CJ), por el informe motivado de la Comisión de Fiscalización y Control Político, el cual recomienda continuar con la interpelación propuesta por el asambleísta Fernando Jaramillo, del movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN).
Goyes es señalada por incumplimiento de funciones por Jaramillo, luego de que, durante la sesión del Pleno del CJ, del pasado 16 de abril, abandonara la sala «de manera abrupta e injustificada». En esa convocatoria se debía aprobar el Reglamento para la creación de judicaturas y jueces especializados en materia constitucional. Ella no asistió a cuatro convocatorias sucesivas -argumentó Jaramillo- para la reinstalación de la sesión, aunque su presencia era indispensable para mantener el cuórum legal de la sesión. Acudió en la quinta y votó a favor del Reglamento. Presentó 12 pruebas de cargo el pasado 24 de julio.
Según Jaramillo, el incumplimiento de funciones de Goyes permitió el uso y el abuso de acciones de protección de las que se beneficiaron personas liadas con la justicia para obtener su libertad con fallos favorables de jueces. Se la acusa de atrasar el concurso y la toma de decisiones judiciales importantes para la lucha contra el crimen organizado.
Como lo señala el artículo 84 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), los interpelantes intervendrán por un máximo de dos horas. De inmediato, Goyes tendrá un máximo de tres horas para exponer sus alegatos de defensa. Luego, cada parte podrá hacer uso de la réplica por un lapso de una hora. Concluida la intervención de la funcionaria, se abrirá el debate en el cual podrán intervenir los legisladores. Al final, habrá la votación por la moción de censura y destitución, para lo cual se requiere mayoría calificada de 101 votos.
La llegada de Solanda Goyes
Goyes llegó al Parlamento pasadas las 15:00. Horas antes, en su cuenta de X, escribió que en el juicio político en su contra deberán existir 102 votos positivos para destituirla y censurarla, tal como lo dispone el artículo 131 de la Constitución. «Pretender aplicar cualquier otro procedimiento estaría por fuera de la Constitución y la ley».
El interpelante y la interpelada tendrán tres horas de uso de la palabra y los asambleístas que deseen intervenir con preguntas podrán hacerlo durante 10 minutos.
Jaramillo no está seguro de que existan los votos y está expectante de que asambleístas de la Revolución Ciudadana voten por la moción de censura y destitución de la funcionaria cuestionada. Sus esperanzas se debilitan al recordar que ese movimiento político defendió a Wilman Terán, el ex presidnete de la Judicatura, sentenciado en bullados casos de corrupción.
En su intervención, Jaramillo recordó que Goyes abandonó la sesión 033-2025 del Pleno del CJ y no asistió a cuatro reinstalaciones convocadas por el presidente de ese organismo, obstruyendo el ejercicio institucional. «Abandonó de forma deliberada e irresponsable la sesión en la que debía votar el reglamento para jueces especializados en materia constitucional, obstruyendo y boicoteando el ejercicio administrativo e institucional del CJ».
De su parte, la vocal de la Judicatura habló sobre la crisis de infraestructura por la que atraviesa la justicia en Ecuador. Afirmó que han pasado 485 días desde la Consulta Popular y aún no se han implementado las unidades de Garantías Constitucionales Especializadas. Aclaró que esta situación no es responsabilidad suya, sino de la autoridad administrativa del CJ.
Explicaóque no se han implementado las unidades de garantías jurisdiccionales por falta de presupuesto: déficit de USD 110 millones para la Función Judicial en 2025.
