La movilización encabezada por el presidente Daniel Noboa y altos funcionarios del Gobierno hacia la Corte Constitucional (CC), realizada este martes 12 de agosto en Quito, ha intensificado el enfrentamiento entre el Ejecutivo y el máximo órgano de control constitucional. Analistas y juristas advierten que esta acción podría vulnerar el principio de independencia de funciones y marcar un precedente preocupante para la democracia del país.
La convocatoria surgió en rechazo a la resolución de la CC que suspendió, de manera provisional, 17 artículos de las leyes de Solidaridad Nacional, Inteligencia e Integridad Pública. A la marcha asistieron ministros de Estado, como John Reimberg (Interior), Gian Carlo Loffredo (Defensa), Zaida Rovira (Gobierno), Alegría Crespo (Educación) e Inés Manzano (Energía), así como el presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, legisladores de la bancada oficialista ADN y ciudadanos llegados de varias provincias.
Entre las consignas, se exhibieron pancartas y gigantografías con los rostros de los nueve jueces constitucionales, acompañadas de frases como: “Estos son los jueces que nos están robando la paz”. Algunos manifestantes pidieron la destitución e incluso prisión para los magistrados.
Posturas críticas de expertos
Karen Sichel, abogada y docente, calificó la marcha como “una aberración política y ética” destinada a intimidar a la Corte. “En cualquier país democrático, los jueces deben actuar sin temor a represalias del poder político. Esta acción erosiona principios básicos del Estado de derecho”, afirmó.
El constitucionalista André Benavides consideró innecesaria la movilización, al señalar que “no fue una marcha para defender derechos ciudadanos, sino para desacreditar a un órgano que no puede ser controlado por el Ejecutivo”.
Por su parte, Augusto Aguirre advirtió que el uso de recursos y funcionarios públicos para esta protesta podría ser objeto de investigación por parte de la Asamblea, Contraloría y Fiscalía. A su juicio, se trató de “un acto antidemocrático que vulnera la independencia de funciones consagrada en la Constitución”.
Respuesta oficial
En su intervención frente a la Corte, Noboa aseguró que “no se permitirá que el cambio se estanque por nueve personas que ni siquiera dan la cara” y reafirmó que “el Ecuador está cambiando, juntos lo vamos a cambiar”.
El ministro del Interior, John Reimberg, respaldó la movilización, afirmando que la Corte “le ha quitado leyes de seguridad al país, favoreciendo a los grupos delincuenciales”. Inés Manzano, ministra de Energía, sostuvo que la suspensión de normas impulsará la minería ilegal y responsabilizó indirectamente a los jueces.
La Corte Constitucional, mediante un comunicado, reiteró su respeto al derecho a la protesta pacífica, pero pidió que se ejerza dentro de los límites que resguarden la institucionalidad y la autonomía de las funciones del Estado.
COMUNICADO| La Corte Constitucional reafirma su compromiso con la defensa del orden constitucional y recuerda que la protesta pacífica no puede vulnerar la seguridad, independencia y autonomía de la justicia constitucional. pic.twitter.com/7Jf0teTOJV
— Corte Constitucional (@CorteConstEcu) August 12, 2025
